Mienten una y otra vez. Tras el resultado de las elecciones del 4 de junio, en las cuales resultó ganador Miguel Riquelme, los panistas salieron a decir que habían ganado la elección, sabiendo perfectamente que los resultados no les eran favorables: Nunca dijeron cuántos votos habían obtenido y tampoco mostraron las actas. Luego pidieron que se contaran los votos, nuevamente afirmando que habían ganado. Al contar los votos, conforme se iba evidenciando en el resultado que el ganador es Miguel Riquelme, se retiraron del conteo, como los niños que, al ir perdiendo en un juego, hacen berrinche y mejor dicen “ya no juego”.
Luego mintieron diciendo que el INE con su dictamen sobre los gastos de campaña había anulado la elección a sabiendas de que esa facultad solamente la tiene el Tribunal Electoral y más tarde se les ocurrió mentir de nuevo diciendo que el PRI había desistido de presentar evidencia con respecto a los gastos de campaña y por ese motivo era un hecho que la elección se anulaba. Declaraciones todas atiborradas de falsedad. El PAN miente una y otra vez y en esa dinámica y en una total muestra de irresponsabilidad, presentaron al Congreso una solicitud para detener el proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, al igual que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en su artículo 6, establecen que “En ningún caso la interposición de medios de impugnación producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada.” Esto significa que, en materia electoral, impugnar no suspende absolutamente nada. El proceso sigue su curso.
La realidad es que hay un gobernador electo y su nombre es Miguel Ángel Riquelme Solís. Él ganó la elección del 4 de junio por mayoría de votos y por lo tanto el Instituto Electoral de Coahuila le entregó su constancia de mayoría que lo acredita como tal y debe dar cumplimiento a las obligaciones que como gobernador electo la ley le impone.
Llevar a cabo el procedimiento de entrega-recepción no es optativo, sino que constituye una obligación de los gobiernos saliente y entrante y se realiza mediante un procedimiento formal establecido en la ley, con términos y sanciones en caso de incumplimiento; indispensable para asegurar la continuidad segura y eficiente en la marcha de la administración pública.
Cumpliendo lo que dispone el artículo 24 de la Ley de entrega recepción, el gobernador electo Miguel Riquelme, ha nombrado su comisión de enlace para tomar conocimiento de la situación que guarda la administración saliente, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos, y obras públicas en proceso, de tal manera que, al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente. Sería una irresponsabilidad no hacerlo.
El Tribunal Federal Electoral ha manifestado en reiteradas ocasiones que la constancia de mayoría produce todos los efectos legales que corresponden a un candidato ganador.
El PAN ha mentido una vez más.
Coahuila tiene un gobernador electo por mayoría de votos, que es Miguel Riquelme y que con la responsabilidad que le confiere el cargo que estará asumiendo próximamente ha iniciado los trabajos de entrega-recepción necesarios para su cumplimiento.